Derechos Humanos y pueblos indígenas: una nueva frontera para la gestión territorial

La transformación de los sectores productivos, tales como minería, energía, infraestructura, transporte y agroindustria -entre otros-, están evolucionando rápidamente hacia modelos más sostenibles desde el corazón de sus operaciones. Lo que está redefiniendo la forma en que las compañías producen, qué hacen con sus residuos, cómo interactúan con sus stakeholders y, por supuesto, cómo se relacionan con los territorios en donde operan.

Durante años, la gestión social estuvo centrada principalmente en el cumplimiento regulatorio, la mitigación de impactos y la gestión de conflictos. Sin embargo, los desafíos actuales exigen una aproximación más amplia, capaz de integrar los derechos humanos y la cosmovisión de los pueblos indígenas, el desarrollo territorial y la sostenibilidad corporativa en una sola estrategia de gestión.

La evolución de la gestión territorial y derechos humanos

Las principales compañías mineras del mundo han incorporado marcos internacionales como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los Principios del ICMM, las directrices de la OCDE y estándares específicos sobre pueblos indígenas para fortalecer sus sistemas de gestión social.

Este cambio refleja una realidad cada vez más evidente: los riesgos asociados a derechos humanos suelen manifestarse en el territorio.

Conflictos socioambientales, disputas por acceso a recursos naturales, afectaciones al patrimonio cultural, expectativas de desarrollo local o preocupaciones relacionadas con pueblos indígenas son ejemplos de situaciones que pueden afectar tanto a las comunidades como a la viabilidad de las operaciones.

Por ello, una gestión territorial efectiva requiere comprender simultáneamente al menos:

• El contexto territorial
• Los derechos potencialmente afectados
• Los grupos de interés y titulares de derechos
• Las dinámicas sociales y culturales del territorio
• Los riesgos presentes y futuros asociados al ciclo de vida del proyecto

La debida diligencia como herramienta de gestión

Uno de los avances más relevantes en los últimos años ha sido la consolidación de la debida diligencia en derechos humanos como metodología para gestionar riesgos e impactos sociales.

Bajo este enfoque la gestión no comienza cuando surge un conflicto. Comienza mucho antes, mediante procesos sistemáticos de identificación, evaluación y priorización de riesgos.

Nuestro enfoque considera cuatro etapas fundamentales:

Metodología de Debida Diligencia en Derechos Humanos

Un proceso continuo, no un evento puntual de cumplimiento

Este enfoque permite construir sistemas preventivos en lugar de respuestas reactivas, fortaleciendo la capacidad de las organizaciones para anticipar desafíos territoriales complejos.

Pueblos indígenas: una mirada social e intercultural

Cuando la gestión territorial involucra a pueblos indígenas, el desafío se amplía considerablemente.

No se trata únicamente de identificar impactos potenciales sino también de comprender sistemas culturales, formas de gobernanza, prácticas tradicionales, relaciones espirituales con el territorio y mecanismos propios de toma de decisiones.

Los estándares internacionales hoy enfatizan la necesidad de desarrollar procesos basados en:

• Participación efectiva
• Pertinencia cultural
• Buena fe
• Transparencia
• Reconocimiento de derechos colectivos
• Consentimiento libre, previo e informado cuando corresponda

Desde esta perspectiva, la línea base social deja de ser un ejercicio descriptivo para transformarse en una herramienta estratégica de comprensión territorial, capaz de identificar sensibilidades, oportunidades y riesgos desde etapas tempranas del desarrollo de un proyecto.

Más allá del riesgo: generar valor social

La evolución de los estándares internacionales también plantea una pregunta fundamental:

“¿Cómo transformar la gestión de riesgos en creación de valor?”

Las organizaciones más avanzadas han comenzado a incorporar programas orientados al fortalecimiento de capacidades locales, empleabilidad indígena, desarrollo de proveedores, protección patrimonial y monitoreo participativo.

Estas iniciativas permiten pasar de una lógica transaccional a una relación de largo plazo con los territorios.

La creación de valor territorial puede expresarse en:

• Fortalecimiento de economías locales
• Desarrollo de proveedores indígenas
• Capacitación y empleabilidad
• Conservación patrimonial
• Monitoreo colaborativo
• Participación temprana en procesos de decisión

Cuando estas acciones forman parte de una estrategia integrada, contribuyen simultáneamente al bienestar de las comunidades y a la sostenibilidad de las operaciones.

Medir para mejorar

Uno de los principales desafíos de la gestión territorial es demostrar resultados.

Por esta razón, las estrategias más modernas incorporan sistemas de monitoreo e indicadores diseñados para evaluar no solo actividades ejecutadas sino también resultados e impactos generados.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esto implica monitorear aspectos como:

• Participación efectiva
• Acceso a información
• Cumplimiento de compromisos
• Gestión de riesgos territoriales
• Efectividad de medidas implementadas
• Percepción de actores relevantes

Un ejemplo de esto es la Copper Mark criterio 23 exige una línea base indígena, participación, gestión de impactos, FPIC en los casos aplicables, monitoreo y divulgación de avances. El International Council on Mining and Metals (ICMM) reforzó en 2024 su Position Statement sobre derechos de los pueblos indígenas y FPIC.

La incorporación de estos indicadores permite fortalecer la mejora continua y proporcionar evidencia objetiva sobre el desempeño social de una organización.

Hacia una nueva licencia para operar

La licencia social para operar ya no depende exclusivamente de la aceptación comunitaria.

Hoy está estrechamente vinculada a la capacidad de una organización para demostrar que comprende el territorio, respeta los derechos humanos, cuando es debido, incorpora perspectivas indígenas y genera valor compartido de manera sostenible.

Las compañías que realmente logren integrar estos elementos dentro de sus sistemas de gestión estarán mejor preparadas para responder a un contexto cada vez más exigente en materia de sostenibilidad, transparencia y gobernanza.

En este sentido, los derechos humanos no deben entenderse únicamente como factores regulatorios, reputacionales o de gestión del riesgo. Constituyen sobre todo una oportunidad para construir modelos de desarrollo territorial más resilientes, inclusivos y sostenibles, capaces de generar beneficios duraderos tanto para las comunidades como para una industria minera con mirada ecosistémica y no meramente extractiva, algo fundamental para la sostenibilidad, los derechos humanos y la herencia a las futuras generaciones.

La licencia social para operar ya no depende exclusivamente de la aceptación comunitaria. Depende de la capacidad de una organización para demostrar que comprende el territorio, respeta los derechos humanos, incorpora perspectivas indígenas y genera valor compartido de manera sostenible.

“La pregunta ya no es si la industria puede permitirse integrar un los DDHH: es si puede permitirse no hacerlo.”